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62 Felipe Alfredo Fuentes Barrera
finalidad debe ser la rehabilitación e inserción de la persona senten-
ciada en la sociedad.
En segundo lugar, por lo que hace a la proporcionalidad, esta im-
plica que el Estado se debe abstener, o evitar en la medida de lo posi-
ble, la utilización de sanciones que traigan consigo la vulneración o
reducción de un derecho humano determinado. Para esto, su aplica-
ción deberá estar justificada constitucionalmente en plena consonan-
cia con los parámetros de validez internacional, y solo se utilizará en
aquellos casos en los que se persiga la consecución de un bien social,
así como la tutela efectiva de la esfera jurídica de las personas.
Por ello no resulta viable dictar una pena cuyo fundamento tenga
relación distante o nula, respecto de lo que se pretende generar o con-
seguir con su implementación. Por tanto, si en un sistema jurídico se
prevén restricciones al ejercicio de derechos, su contenido y alcances
deben dirigirse a un fin medible y concreto, toda vez que lo único que
se pretende generar con estos límites, es un beneficio tangible a la
sociedad11.
Finalmente, por lo que hace a la constitucionalidad exigida como
característica para cualquier restricción de derechos políticos, consis-
te en que tiene que adecuarse al contenido constitucional. La contra-
dicción o falta de armonización entre estos principios y los derechos
humanos reconocidos en la Ley Suprema y en los instrumentos inter-
nacionales puede ser un factor que conlleve la inconstitucionalidad de
dichas restricciones12.
Como ya adelantábamos, en cuanto a la convencionalidad de la
restricción a los derechos político-electorales, es legítimo imponer de-
terminados límites a su ejercicio, siempre que la medida cumpla con
el requisito de legalidad.
Esta exigencia significa que las condiciones y circunstancias gene-
rales que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano
11 González Oropeza, Manuel, El derecho a votar de las personas procesadas o
sentenciadas por una pena privativa de libertad. Análisis de la razonabilidad,
proporcionalidad y constitucionalidad de la limitación al ejercicio del derecho
de votar y la prevalencia de la presunción de inocencia y el principio pro perso-
na, México, IIJ-UNAM, Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 5, enero-
junio 2014, p. 252.
12 Ibídem, p. 253.
