Page 89 - voto_en_prision_preventiva
P. 89
A un grupo social relegado de la democracia… 87
tenciadas, como Canadá5, Reino Unido6, Sudáfrica7, Francia8, Italia9,
Alemania10, España11, entre otros.
Así, en términos del artículo 1° constitucional, la obligación de
proteger y garantizar el derecho a votar, debe hacer tangible la justicia
constitucional, que no basta con reconocer el derecho, sino garanti-
zarlo con medidas que lo hagan eficaz, más, por la situación vulnera-
ble de las personas detenidas sin sentencia ejecutoriada.
II.3. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia?
El INE progresivamente implementará una etapa de prueba en ple-
nitud de sus atribuciones, indicando cómo, cuándo y dónde se ejer-
cerá el derecho a votar, en un plazo razonable, para que en 2024 las
personas en prisión preventiva voten.
Para ello se podrá considerar para la etapa de prueba lo siguiente:
• Identificar si aplicará para la elección presidencial o para otras
elecciones, según las necesidades y posibilidades administrati-
vas y financieras.
5 Suprema Corte de Canadá, Caso Sauvé vs. Canadá, sentencia del año 2002, se
declaró inválido el artículo legal por contraponerse al derecho del sufragio pre-
visto en la sección III del Charter of Rights and Freedom.
6 Reino Unido contempla la pérdida del derecho de sufragio a todas las personas
privadas de su de libertad (felon disenfranchisement en la Representation of the
People Act desde 1983). Fue declarada incompatible con la Convención Europea
de Derechos Humanos por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso
Hirst vs. United Kingdom.
7 La Corte Constitucional Sudafricana en el caso August vs. Electoral Comission
a la falta de instalaciones y procedimientos para el voto de personas en centros
de detención a pesar de que la ley, no les privaba del derecho al voto. Se sostuvo
que fueron privadas ilícitamente de su derecho al voto; y se ordenó garantizarlo.
8 Francia puede imponer penas complementarias que impliquen la suspensión del
derecho del voto.
9 Italia limita el derecho de sufragio pasivo a personas que hayan sido condenadas
por delitos como corrupción o malversación de fondos públicos.
10 Alemania, igual que Italia, permite imponer como pena la pérdida del derecho a
votar por resolución judicial.
11 España no establece suspensión de derechos políticos por la mayoría de los de-
litos, por lo que la población penitenciaria puede votar por correo como los
ciudadanos que se encuentran ausentes.
