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El derecho al voto de las personas privadas de libertad… 113

adecuadas garantías y condiciones de vida, pues se encuentran bajo su
custodia y responsabilidad.

Este esfuerzo legislativo generó un debate robusto al seno de la Cá-
mara de Senadores que motivó diversas propuestas de reforma, todas
con la mirada de sentar las bases para una efectiva aplicación del nuevo
paradigma constitucional de protección a los derechos humanos en el
sistema penitenciario nacional, con una perspectiva mucho más huma-
nista en la ejecución de resoluciones judiciales privativas de la libertad
con la principal finalidad de garantizar una plena reinserción social.

Como producto de este proceso se regularon, entre otras figuras
esenciales hoy en el sistema de justicia penal, las acciones de contro-
versia como mecanismos de control que pretendieron dignificar las
condiciones de internamiento y asegurar el respeto de los derechos
humanos de quienes se encuentran en reclusión.

Estos ejercicios se consolidaron con la publicación de la Ley Na-
cional de Ejecución Penal, el 16 junio de 2016 en el Diario Oficial de
la Federación, empero, al día de hoy carecemos de una evaluación ob-
jetiva sobre los alcances que la aplicación de esta normativa ha tenido
en la garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad.

En ese orden, la búsqueda de vías que promuevan y garanticen la
plena reinserción social de las personas privadas de su libertad debe
contemplar su aceptación e inclusión al debate democrático. Resulta
esencial reconocer la necesidad de un amplio espectro en la concep-
ción de justicia y dignidad humana.

Para ello, necesitamos un diálogo que se distinga por su apertura
y tolerancia; que parta de elementos mínimos de cordialidad, que en
palabras de la citada filósofa española, se construya de ciudadanos
con voluntad de justicia, dispuestos a dialogar en serio, a detectar
qué intereses son universales y a decidirse por ellos. Sujetos que es-
tén pertrechados de capacidad de argumentar, pero también de esa
capacidad de querer lo justo que es el motor de cualquier sociedad
democrática20.

Querer lo justo para todos implica visibilizar problemas que por
años como sociedad hemos ocultado. Debemos reconocer que, en ge-

20 Ibídem, p. 94.