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110 Constancio Carrasco Daza y Roberto Zozaya Rojas
no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición,
sino por cómo trata a los que tienen poco o nada.
II. CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA DEMOCRACIA
CONSTITUCIONAL
La tutela integral de los derechos humanos es una asignatura fun-
damental de todo Estado de derecho. La Constitución, instrumento
normativo primario, estructura el margen de facultades que detenta
el poder público y delinea la frontera existente entre las atribuciones
del Estado y el respeto a las libertades individuales.
La Constitución es la norma suprema de un Estado, destinada a
regular los aspectos fundamentales de la vida política. En ella, se tra-
za el horizonte ideológico, aquel que inspira y otorga legitimidad al
modo de vivir colectivo16. En la Constitución se define el pacto social
de una comunidad viva que encuentra en ella su soporte normativo
delineando, a su vez, los valores de convivencia y los principios que
rigen el desarrollo institucional y comunitario.
En ese contexto, constitucionalidad y derechos humanos se amal-
gaman en un binomio inseparable. A través de la aparente conversión
del concepto garantías individuales al de derechos humanos, se ha
querido ilustrar sobre la existencia de una transición constitucional;
una verdadera transformación cultural de nuestra sociedad. Ambos
conceptos tienen un hilo conductor: el innegable objetivo de proteger
la dignidad humana.
Al efecto, resulta necesario reiterar que la democracia contempo-
ránea supone la inclusión de todos los destinatarios de las normas
en el proceso de creación de las mismas, bajo el criterio que la legiti-
midad del sistema descansa en que las y los ciudadanos sean a la vez
destinatarios y autores de las leyes. Así, dentro de un Estado democrá-
tico de derecho, las normas deben ser el resultado de una interacción
determinada que involucre, preferentemente, a todas las personas que
son afectadas, positiva o negativamente, por ellas.
16 Sazo, Diego, Ecos del debate constituyente global en Democracia y poder cons-
tituyente, Chile, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2016, p. 10.