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18 Leonardo Valdés Zurita

las elecciones, con el objeto de que las luchas por el poder político no
rebasaran a las incipientes instituciones democráticas y terminaran
por presentar escenarios catastróficos. Por otro, se pensaba que el
establecimiento de condiciones de competencia equitativa legitimaría
a los propios procesos electorales y a las autoridades seleccionadas
en esos eventos. Esas posturas se fueron enfrentando hasta que en
1996 se decidió encontrar una solución a la aparente contradicción,
entre control y legitimidad. Esa reforma constitucional desplazó el
control de la conflictividad electoral a un tribunal adscrito al poder
judicial de la federación; hizo inapelables sus sentencias y terminó por
desaparecer la autocalificación electoral que por demasiado tiempo
estuvo vigente en el país. Por el lado de la legitimidad, terminó de
dotar de autonomía a la autoridad electoral administrativa, al retirar
al secretario de Gobernación de la presidencia del Consejo General
del Instituto Federal Electoral; consolidó las fórmulas de representa-
ción de la pluralidad política en los órganos legislativos y dotó a los
partidos políticos de un generoso sistema de financiamiento público
que les permitió participar en las elecciones con mejores condiciones
de equidad.

    Entender ese proceso y su evolución posterior, es fundamental pa-
ra comprender el estado actual y el futuro de nuestra democracia. No
obstante, una mirada que ponga la atención sólo en los elementos
dominantes de la lógica de nuestro cambio político y electoral, puede
dejar a un lado otros ingredientes que también son relevantes. Cuan-
do debatimos acerca del inicio de la transición democrática, aparecen
fechas significativas. Ya mencioné la de la llamada reforma definitiva,
pero no falta quien ponga en la mesa la alternancia presidencial del
2000 como fecha fundacional. Por supuesto muchos se remontan a la
creación del IFE en 1989, luego del conflictivo proceso presidencial
de un año antes, o a la reforma de 1977 que fue precedida por la elec-
ción presidencial de un solo candidato. Expertos y preocupados en
la representación política y en la dinámica legislativa, pueden sugerir
que la transición empezó en 1963, con la creación de los diputados
de partido; medida orientada a revitalizar un sistema de partidos que
languidecía por la realización reiterada de elecciones en la que las
oposiciones no tenían posibilidad de éxito.

    Pero también se puede afirmar que nuestra democratización tu-
vo su primer momento en 1953, cuando se reformó la Constitución
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