Page 68 - LAS REDES SOCIALES Y SU IMPACTO DEMOCRACIA
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66 Luis Espíndola Morales y Cristina Viridiana Álvarez González

de que, si bien, es una gran apuesta para evitar la postulación de can-
didaturas que no cuenten con un modo honesto de vivir, es necesario
que las autoridades civiles y penales, en los ámbitos estatal y federal,
compartan información con las autoridades electorales.

   La sistematización de esos datos hará posible desarrollar estrate-
gias que permitan prevenir, investigar, erradicar y reproducir violen-
cia en el ámbito político y electoral.

   Por otra parte, consideramos indispensable que la revisión del lla-
mado 3de3 no sea aleatoria o muestral, sino que se revise la totalidad
de candidaturas.

   Respecto a la Sala Especializada, con la finalidad de homologar y
homogeneizar los criterios judiciales en materia de violencia política
en razón de género sería necesario reflexionar sobre la pertinencia
de que dicho órgano jurisdiccional conozca, además de los procedi-
mientos de violencia de género en el ámbito federal, en una segunda
instancia, de los asuntos que sobre esta hipótesis conocen los tribu-
nales electorales en las entidades federativas.

   En el mismo sentido, consideramos imprescindible la construc-
ción de un sistema nacional de criterios jurisdiccionales, que per-
mita acceder a las sentencias que en la materia emitan los tribunales
electorales estatales y las salas del TEPJF.

   Estamos convencidos de que es necesario reformular la legitima-
ción procesal activa en materia de denuncia de violencia política.

   Actualmente, se inician procedimientos a petición de parte, me-
diante la formulación de denuncias por las presuntas víctimas. Sin
embargo, existen casos en los que, por intimidación, amenazas o
normalización de conductas violentas, las involucradas se abstienen
de denunciar; en otros, no hay una víctima individualizable.

   Esto ocurre cuando la violencia política es generalizada y, ejem-
plos de ello son la invisibilización de candidaturas de mujeres, a
través del otorgamiento de menos de 40% de los spots a que tienen
derecho los partidos políticos, o del uso del financiamiento a que
tienen derecho para la capacitación y el liderazgo político de las mu-
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