Son derechos de las asociaciones políticas estatales debidamente acreditadas (art 33):

  1. Desarrollar las actividades para alcanzar sus objetivos políticos o sociales, de carácter electoral;
  2. Celebrar los convenios necesarios para confederarse, aliarse, unirse o incorporarse de manera permanente o transitoria con otras asociaciones políticas estatales registradas ante el Instituto;
  3. Ostentarse con su propia denominación y difundir su ideología; y
  4. Financiar sus actividades a través de financiamiento privado y autofinanciamiento, los cuales conjuntamente no podrán exceder al equivalente del cincuenta por ciento de la parte igualitaria de financiamiento público que corresponda a cada partido político, de conformidad con lo previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 39 de esta Ley. Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 44 de esta Ley.

Las asociaciones políticas estatales están obligadas a (art 35):

  1. Cumplir con las disposiciones de esta Ley y los acuerdos tomados por el Consejo General;
  2. Conservar vigentes los requisitos necesarios para su constitución y acreditarlos cada tres años para mantener el registro;
  3. Registrar ante el Consejo General, los convenios necesarios para confederarse, aliarse, unirse o incorporarse de manera permanente o transitoria con otras asociaciones políticas estatales registradas ante el Instituto o con un partido político, para que puedan surtir sus efectos;
  4. Presentar al Instituto los estados financieros que contengan el balance general, estado de ingresos y egresos, estado de origen y aplicación de recursos y relaciones analíticas respecto del financiamiento privado y autofinanciamiento, por periodos trimestrales, en el plazo y términos que disponga esta Ley;
  5. Celebrar asambleas periódicas cuando menos dos veces al año, de conformidad a sus estatutos y normatividad aplicable, en cada uno de los municipios en donde tengan afiliados; y
  6. Las demás disposiciones previstas en la normatividad aplicable.

Son derechos de los partidos políticos debidamente acreditados (art 32):

  1. Ejercer la corresponsabilidad que la Constitución local, la Ley General y esta Ley les confieren en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales;
  2. Gozar de las garantías que las Leyes Generales y esta Ley les otorgan para realizar libremente y en todo tiempo sus actividades, respetando siempre los derechos de terceros;
  3. Ejercer las prerrogativas y recibir el financiamiento público de manera individual, en los términos de esta Ley y demás ordenamientos aplicables;
  4. Ejercer el derecho de réplica en los medios masivos de comunicación en la Entidad, de conformidad con lo que dispongan las leyes de la materia;
  5. Ser propietarios, poseedores o administradores de los bienes muebles e inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;
  6. Promover, en los términos en que determinen su normatividad interna y la Ley General de Partidos Políticos, una mayor participación de las mujeres, jóvenes, adultos mayores, grupos indígenas y grupos vulnerables en la vida política del país, del Estado y sus municipios, a través de su postulación a cargos de elección popular y oportunidades para ocupar las dirigencias;
  7. Formar parte de los organismos electorales, a través de la acreditación de representantes ante el Consejo General, consejos distritales, municipales y mesas directivas de casilla, estos últimos en los términos que señale la Ley General respectiva; y
  8. Los demás que les otorgue esta Ley

Los partidos políticos están obligados a (art 34):

  1. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales con apego a las disposiciones de la Constitución Política, la Constitución local, las Leyes Generales y esta Ley, respetando los derechos de sus afiliados, de los ciudadanos y la libre participación política de los demás partidos;
  2. Encauzar sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, evitando cualquier acto que tenga por objeto o resultado impedir el goce de los derechos humanos o el funcionamiento de las instancias de gobierno u órganos electorales;
  3. En todo momento abstenerse de cualquier expresión que calumnie a las personas en la propaganda política electoral que difundan o que implique violencia política de género;
  4. Mantener el mínimo de afiliados requerido para su constitución y registro en el caso de partidos políticos locales;
  5. Ostentarse con la denominación, emblema, color o colores que tengan registrados;
  6. Observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de sus candidatos. En todo caso, deberán garantizar la paridad vertical y horizontal, e integrar las fórmulas para las candidaturas de Diputados e integrantes de Ayuntamientos, con personas del mismo género;
  7. Cumplir sus normas de afiliación, los sistemas de elección interna de sus cuadros dirigentes y mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos de dirección;
  8. Contar con domicilio social para sus órganos directivos y, en su caso, comunicar oportunamente al Instituto el cambio del mismo, en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir del cambio de domicilio;
  9. Publicar y difundir, en las demarcaciones electorales en que participen, la plataforma electoral mínima que el partido y sus candidatos sostendrán en la elección correspondiente, misma que deberá presentarse para su registro ante el Instituto;
  10. Difundir en forma permanente, a la ciudadanía, la ideología que ostenten;
  11. Registrar, en su caso, listas completas de candidatos a Diputados y regidores según el principio de representación proporcional;
  12. Registrar a sus candidatos ante los órganos electorales que proceda, conforme a estas disposiciones;
  13. Cumplir los acuerdos que tomen los órganos electorales;
  14. Tratándose de partidos políticos locales, comunicar al Instituto cualquier modificación a la declaración de principios, programa de acción y estatutos, así como los cambios y renovaciones de los integrantes de sus órganos internos en el Estado, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se realicen;
  15. Actuar y conducirse sin vínculos de injerencia política o económica con partidos políticos, organismos o entidades extranjeras, religiosas y de ministros de culto;
  16. En caso de que el Instituto Nacional delegue la facultad de fiscalización al Instituto, presentar ante éste la información y documentación legal comprobatoria que corresponda de acuerdo a las Leyes Generales y normatividad aplicable;
  17. Tratándose de partidos políticos locales, someterse al procedimiento de liquidación que se fije en esta Ley;
  18. Presentar ante el Consejo General, dentro del primer trimestre de cada año, un informe general de las actividades realizadas durante el año anterior;
  19. Tener un padrón de miembros de acuerdo a sus estatutos y normatividad aplicable, mantenerlo actualizado y entregarlo certificado al Instituto; y
  20. Las demás disposiciones previstas en la normatividad aplicable.